Sheriff de Miami-Dade defiende alivio fiscal y pide más recursos para seguridad
El sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero Stutz, ha tomado una postura clara en torno a la Enmienda 3, una propuesta constitucional que busca ofrecer un alivio fiscal a los propietarios de viviendas en Florida. Aunque la Asociación de Alguaciles de Florida (FSA) se opone públicamente a la iniciativa, Cordero Stutz ha defendido el alivio fiscal como una necesidad para los contribuyentes, argumentando que no implica una reducción en la seguridad pública. Su postura, sin embargo, ha generado un debate sobre la viabilidad de equilibrar el alivio fiscal con el financiamiento de los servicios públicos, incluida la seguridad.
Cordero Stutz ha rechazado las críticas de la FSA, que considera que la Enmienda 3 podría permitir que Tallahassee controle los presupuestos locales, aumente los tiempos de respuesta policial y limite la capacidad de las comunidades para gestionar infraestructura. En su lugar, la sheriff ha insistido en que el alivio fiscal y la seguridad pueden coexistir, siempre que se gestionen los recursos de manera eficiente. “El alivio para los contribuyentes y la seguridad de nuestras comunidades no son prioridades que deben competir”, afirmó en una publicación en respuesta a las preocupaciones de la FSA.
La Enmienda 3, que se someterá a referendo el 3 de noviembre, busca reducir los impuestos a la propiedad para los propietarios de viviendas de clase media. Según datos oficiales del estado de Florida, esta medida podría beneficiar a más de 2 millones de residentes, principalmente en áreas como Miami-Dade, donde los impuestos a la propiedad representan una carga significativa para muchos hogares. Sin embargo, la iniciativa ha sido cuestionada por algunos sectores que temen que el alivio fiscal podría afectar los servicios públicos, incluida la seguridad.
Mientras defiende el alivio fiscal, Cordero Stutz también ha pedido más recursos para garantizar la seguridad de los residentes. En un comunicado publicado el 25 de septiembre, la sheriff señaló que el presupuesto aprobado para el 2026-27 deja a la Oficina del Sheriff con un déficit de 42 millones de dólares. Esta cifra, según ella, es necesaria para cumplir con las obligaciones existentes y contratar a los agentes y empleados civiles esenciales.
La sheriff ha cuestionado la decisión de la alcaldesa Daniella Levine Cava de aprobar ese presupuesto, afirmando que la alcaldesa sabía que no financiaba completamente su oficina. Además, ha criticado la sugerencia de que, para subsanar el déficit, sería necesario aumentar los impuestos o recortar programas del condado, una disyuntiva que, según Cordero Stutz, pone en duda su planteamiento de combinar alivio fiscal y mayores recursos policiales.
La Oficina del Sheriff también ha señalado que actualmente dispone de 172 puestos civiles vacantes, y cubrirlos durante un año costaría 7,2 millones de dólares. Esta cantidad no está contemplada en el presupuesto actual, lo que refleja la necesidad de ajustar los gastos y priorizar los recursos para mantener la seguridad del condado.
La sheriff ha explicado que la solicitud de más fondos responde, en parte, a las obligaciones derivadas de los convenios laborales suscritos antes de que asumiera el cargo, junto con los costos de pensiones y seguros médicos. Estas obligaciones representan 62,5 millones de los 108,7 millones solicitados. Además, ha señalado que el condado omitió que muchas de las vacantes no se cubrieron porque no se proporcionó el espacio físico necesario para contratar, capacitar y ubicar a los nuevos empleados.
Esta situación refleja un desafío administrativo y organizativo que, según Cordero Stutz, ambas entidades —la Oficina del Sheriff y el condado— deberían resolver. Los contribuyentes, por su parte, esperan que se encuentre una solución que permita financiar completamente a las fuerzas del orden sin recurrir a mayores impuestos ni recortes en servicios esenciales.
El gobernador Ron DeSantis ha llamado a los departamentos del sheriff a apretarse el cinturón, destacando que algunos presupuestos han crecido significativamente en los últimos años. Aunque ha reconocido la importancia de la seguridad pública, también ha subrayado la necesidad de aliviar la carga fiscal de los contribuyentes. Esta postura refleja una tensión entre la necesidad de mantener los servicios públicos y la presión por reducir los gastos.