Organizaciones alertan del impacto del decreto que acelera expulsiones en Ceuta
El Real Decreto Ley que busca acelerar las expulsiones y devoluciones en Ceuta ha sido ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos, que alertan de su impacto negativo en el derecho de asilo y la protección internacional. Este decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 2 de octubre de 2026, introduce cambios significativos en el procedimiento de asilo, que han sido denunciados por entidades como Alboan, la Asociación de Familiares de Detenidos Políticos (AFDP), y la Federación de Asociaciones de Refugiados (FAR), entre otras. Estas organizaciones sostienen que la propuesta establece un régimen de excepción al derecho de asilo, aplicable a quienes hayan presentado solicitudes de protección internacional desde el 30 de julio de 2026.
Una de las medidas más polémicas del decreto es la inadmisión de solicitudes de asilo presentadas una vez transcurridos siete días desde la notificación de una orden de devolución o expulsión. Esta disposición, según las organizaciones, limita el acceso al procedimiento de asilo para quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad, lo que podría exponerlos a riesgos graves. Además, el decreto reduce el plazo para recurrir a cinco días naturales, una medida que, según las entidades, puede dificultar el acceso a la justicia y comprometer el derecho a una tutela judicial efectiva.
Las organizaciones también se preocupan por el sistema de notificaciones excepcional que contempla la propuesta. En algunos casos, las comunicaciones podrían realizarse a través del BOE, lo que podría generar situaciones de indefensión, especialmente entre personas que se encuentran en contextos de especial vulnerabilidad, como menores no acompañados, personas con discapacidad o refugiados que no dominan el idioma oficial. Esta forma de notificación, según las entidades, no garantiza que las personas reciban información clara y oportuna sobre sus derechos, lo que podría llevar a errores en el cumplimiento de trámites legales.
Ante estas medidas, las organizaciones reclaman al Gobierno que retire la propuesta y aplique el Pacto Europeo de Migración y Asilo de la forma menos lesiva posible para el derecho de asilo. El Pacto, firmado en 2019, establece principios fundamentales para la protección de los migrantes y refugiados, incluyendo el derecho a solicitar asilo en el lugar de llegada, el acceso a un procedimiento justo y el respeto a los derechos humanos. Según las entidades, el decreto se contradice con estos principios y podría poner en peligro la dignidad de las personas que buscan refugio en Ceuta.
Desde Alboan, una organización que trabaja en la defensa de los derechos de las personas migrantes, se suman a esta demanda, reivindicando políticas migratorias que prioricen la dignidad de las personas, el respeto a los derechos humanos y la garantía efectiva del derecho a solicitar protección internacional. En un comunicado, la organización destaca que el decreto no solo afecta a quienes ya se encuentran en Ceuta, sino que también establece un precedente que podría tener consecuencias en otros puntos de la frontera, como Melilla o las islas Canarias.
El debate sobre el derecho de asilo y las políticas migratorias ha sido un tema de gran relevancia en la agenda europea en los últimos años. En 2023, la Comisión Europea publicó un informe que alertaba sobre el aumento de la expulsión de migrantes en la frontera sur de la UE, señalando que estas prácticas pueden violar los derechos humanos y socavar la confianza en el sistema de protección internacional. En 2024, la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) también emitió una sentencia en la que criticó la política de expulsión de migrantes en la frontera con Marruecos, destacando que el derecho a solicitar asilo debe ser garantizado sin restricciones.
En este contexto, el decreto publicado en Ceuta se sitúa dentro de una tendencia que, según expertos, podría llevar a una mayor rigidez en las políticas migratorias, con consecuencias negativas para quienes buscan refugio. Las organizaciones alertan de que, si se aplica, el decreto podría generar un precedente que afecte a otros territorios y que, en lugar de resolver el problema migratorio, lo complejice aún más.