Confenagro alerta sobre impacto de derogación del decreto 693-24 en producción de arroz
La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) alertó sobre el impacto negativo que podría tener la derogación del decreto 693-24 en la producción nacional de arroz. La entidad exigió al gobierno explicar cuáles son las medidas que tomará para proteger a los productores, el empleo rural y la seguridad alimentaria del país. Esta postura se basa en la preocupación de que la decisión afecte directamente a los agricultores y a la cadena productiva del grano básico.
El decreto 693-24, emitido en 2024, establecía un marco regulatorio para la producción y comercialización del arroz en el país. Entre sus medidas se incluía la regulación de precios, la promoción de la producción local y la protección contra la importación descontrolada. Según documentos oficiales, el decreto se diseñó para garantizar la seguridad alimentaria y reducir la dependencia de importaciones, lo cual era una prioridad para el gobierno en ese momento.
La CONFENAGRO recordó que el decreto establecía que sus medidas mantendrían vigencia hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN) recomendara lo contrario, basado en un nuevo informe de su Secretaría Técnica. Esta disposición se consideraba una garantía de transición ordenada y de que las políticas se ajustaran a la realidad económica y social del país.
La organización agrícola exigió al gobierno aclarar si la derogación del decreto estuvo precedida por la recomendación del CONASSAN, tal como estaba previsto en el texto legal. Además, solicitó la publicación de los documentos que fundamentaron la decisión de derogar el decreto, para garantizar transparencia y permitir un análisis objetivo de los motivos que llevaron a la cancelación de las medidas.
En un comunicado, la CONFENAGRO destacó que la derogación podría afectar la producción nacional de arroz, especialmente en regiones donde la agricultura es una actividad principal. El organismo advirtió que la falta de regulación podría llevar a una mayor dependencia de importaciones, lo que a su vez podría incrementar los costos para los consumidores y afectar la economía rural.
Según datos del Ministerio de Agricultura, en 2024 la producción nacional de arroz alcanzó un volumen de 1,2 millones de toneladas, lo que representa un 30% de la demanda interna del país. Esta cifra se ha mantenido estable en los últimos años, pero la falta de políticas claras y sostenibles podría generar incertidumbre entre los productores.
Los agricultores de arroz dependen de un sistema de subsidios y apoyo gubernamental para mantener la producción. La derogación del decreto 693-24 podría eliminar algunos de estos mecanismos, lo que podría llevar a una reducción en la producción y a la pérdida de empleos en zonas rurales. Además, la falta de regulación podría incentivar la importación de arroz a precios más bajos, lo que afectaría la competitividad de los productores locales.
La seguridad alimentaria es un tema clave en la política agrícola del país. La derogación del decreto 693-24 podría generar una dependencia mayor de importaciones, lo que aumentaría la vulnerabilidad del país ante crisis económicas o cambios en las políticas comerciales internacionales.
Según un informe del Banco Central de Reserva (BCR), en 2024 el 65% del arroz consumido en el país se importó. Esta dependencia ha sido un punto de crítica para la CONFENAGRO, que ha insistido en la necesidad de fortalecer la producción nacional para garantizar la autonomía alimentaria.
La organización advierte que la falta de una política clara y sostenible podría llevar a una crisis en la producción de arroz, afectando a millones de personas que dependen de este alimento básico. Por ello, exige al gobierno que presente un plan alternativo que proteja a los productores y garantice la seguridad alimentaria del país.