Régimen cubano acusa a EE.UU. de piratería tras incautación de 90 cargamentos de combustible
El régimen cubano denunció este jueves las acciones de Estados Unidos en torno a la incautación de 90 cargamentos de biodiésel, calificándolas de “piratería y pillaje”. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, rechazó las medidas tomadas por Washington y acusó al gobierno norteamericanoo de actuar sin autoridad legal ni moral.
Según el comunicado publicado en X, las autoridades estadounidenses incautaron 615.000 galones de combustible valorados en más de 2,8 millones de dólares, destinados a la empresa cubana ENETEC S.A., sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las operaciones se llevaron a cabo en los puertos de Florida y Texas, donde se detuvieron 71 cargamentos y se retuvieron otros 19.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los envíos habrían beneficiado al gobierno cubano, lo que ha generado tensiones en la relación bilateral. Las investigaciones continúan, y las autoridades no han anunciado arrestos ni cargos relacionados con el caso.
Rodríguez sostuvo que las restricciones impuestas por Estados Unidos no solo afectan a Cuba, sino también a la comunidad internacional, acusando a quienes las consideran legítimas de ser cómplices del castigo colectivo contra la población cubana. Además, cuestionó la intervención marítima de Estados Unidos, rechazando las inspecciones de embarcaciones en aguas internacionales y denunciando lo que considera un cerco energético y naval.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, también defendió la legalidad de las compras realizadas por entidades estatales y privadas desde cualquier país, afirmando que cumplen con la legislación nacional y el ordenamiento internacional.
Las autoridades estadounidenses insisten en que sus acciones están basadas en normas internacionales y en la lucha contra la piratería en el comercio internacional. La incautación de los cargamentos forma parte de una serie de medidas tomadas por Washington para limitar el flujo de recursos a Cuba, en cumplimiento de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro.
La operación se enmarca en un contexto de tensión bilateral que ha persistido durante décadas. La administración estadounidense ha mantenido una postura firme contra el régimen cubano, acusándolo de violar las normas internacionales y de perpetuar un régimen autoritario. Por su parte, La Habana ha rechazado estas acusaciones, insistiendo en que las sanciones son una forma de imponer un bloqueo económico y político contra el pueblo cubano.
Las autoridades cubanas han llamado la atención sobre el impacto negativo de las sanciones en la economía del país, afirmando que afectan no solo a los ciudadanos cubanos, sino también a otros países que participan en el comercio con la isla. Esta postura se ha mantenido durante más de seis décadas, en un intento de justificar la situación económica de Cuba y atribuir la responsabilidad a Estados Unidos.
En el ámbito internacional, la comunidad de Estados Unidos ha rechazado las acusaciones cubanas, manteniendo que las medidas tomadas son legítimas y necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales. La incautación de los cargamentos de combustible es parte de un esfuerzo más amplio para evitar que Cuba reciba recursos que puedan ser utilizados para financiar actividades que se consideran ilegales o contrarias a los intereses de la seguridad nacional.