Política migratoria de Trump agudiza crisis laboral en el sur de Texas
La política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exacerbado la crisis laboral en el sur de Texas, afectando a sectores clave como la agricultura y la construcción. Según denuncias de líderes del sector privado, las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han contribuido a la escasez de trabajadores, lo que ha impactado negativamente a las empresas y a la economía local.
En el condado de Hidalgo, el empresario JB Álvarez, que opera en la región, se queja de que desde hace un año no puede reunir más de 40 personas para cosechar o sembrar en sus campos. El ICE, conocido en la zona como el “hielo”, ha detenido a algunos trabajadores y mantiene a otros encerrados en sus casas. “Antes contábamos con 100 o 150 personas. Ahora ni a la mitad llegamos”, explica Álvarez mientras descansa de enterrar plántulas de jalapeño en un terreno desde el que se ve el muro fronterizo.
La construcción también ha sufrido graves consecuencias. Benigno Meléndez, dueño de una empresa de construcción en Weslaco, a unas 17 millas al este de McAllen, asegura que su negocio se “cortó a la mitad” por falta de trabajadores y la inflación, que encareció los materiales. El sector, explica, depende “mucho” de mano de obra migrante, incluida la indocumentada: “No hay casa en el sur de Texas, ni una sola, que no haya sido construida por trabajadores ilegales”, sostiene.
Según el American Immigration Council, en 2022 más del 40% de los trabajadores de la construcción en Texas eran inmigrantes, de los cuales más de la mitad eran indocumentados. Meléndez, que votó por Trump, reconoce que su decisión ahora le parece “incorrecta”. Su voto fue motivado por la crítica al expresidente Joe Biden por la inflación, la participación en la guerra en Ucrania y su promesa incumplida de reforma migratoria. “¿Y ahora por quién votamos? ¿De nuevo por el demócrata, que no ha hecho nada por nosotros, o por el republicano, que no nos quiere nomás por nuestro color de piel?”, se pregunta.
Pablo (nombre ficticio para proteger su identidad), trabajador de la construcción, llegó a McAllen con su esposa y sus dos hijos hace tres años. Según relata, huyeron de Reynosa, ciudad fronteriza mexicana, por amenazas del crimen organizado. El temor a ICE le recuerda a cómo se sentía allí: “Uno no puede ni parar en una tienda, porque luego no sabe si (lo detienen) y no va llegar a la casa. Estamos igual que allá, pero al menos dormimos tranquilos”. El mexicano, de 54 años, limita su rutina a ir de casa al trabajo y regresar. “No se puede salir a ninguna parte, no tengo vida social”, relata.
La dependencia de la migración en el sur de Texas es evidente. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), entre el 50% y el 75% de los trabajadores agrícolas son inmigrantes; de ellos, una gran proporción es indocumentada, reseña el portal Infoagrónomo. Las deportaciones masivas han exacerbado la escasez de mano de obra en el sector agrícola, lo que preocupa al sector privado. Muchos agricultores reportan dificultades para encontrar trabajadores dispuestos a realizar las tareas físicas y repetitivas que requiere la cosecha.
La crisis ha llevado a la pérdida de cosechas, a la reducción de la producción en varias regiones y al aumento en los costos de los productos, reflejados en los supermercados. El gobierno de Trump modificó el programa de visas temporales H-2A para reducir los costos laborales, pero la medida sigue sin resolver la crisis, según empresarios del sector.
La situación también ha generado un malestar entre los trabajadores y los empresarios, que ven en la política migratoria de Trump una amenaza para su estabilidad económica. Mayra Flores, excongresista republicana por el distrito 34, considera una “decepción” la falta de apoyo a su partido. Atribuye la situación a la mala comunicación y falta de asesores locales: “Necesitamos portavoces bilingües que hablen de estos temas”. Los empresarios que alertan sobre la escasez de trabajadores, sostiene, “no deberían haber contratado a gente que está ilegal en el país, para empezar (…) están rompiendo la ley”.