La Dirección General de Transporte Terrestre (Intrant) llevó a cabo un operativo de fiscalización en la localidad de Friusa, ubicada en el municipio de Bávaro-Punta Cana, provincia La Altagracia, donde retenió cinco unidades de transporte de pasajeros. El operativo se realizó en el marco de la aplicación de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que establece normas claras sobre la operación de vehículos de transporte público en el país.
Según fuentes oficiales, los autobuses retenidos operaban bajo la autorización de ciudadanos haitianos, lo que generó preocupación en la autoridad de transporte. La ley establece que solo los ciudadanos dominicanos pueden ejercer el derecho de operar servicios de transporte terrestre, lo que implica que la participación de extranjeros en este sector debe estar sujeta a permisos especiales y cumplimiento de requisitos legales. Aunque la normativa permite la participación de ciudadanos de otros países, siempre que cuenten con autorización específica y cumplan con los estándares de seguridad y operación establecidos, la presencia de operadores haitianos en la zona ha sido cuestionada por la falta de transparencia en algunos casos.
El operativo fue coordinado por personal de Intrant, que se movilizó a la zona para realizar inspecciones rutinarias y verificar el cumplimiento de las normas vigentes. Durante la inspección, se encontraron irregularidades en la documentación de los vehículos, lo que motivó la retención de las unidades. Las autoridades destacaron que el objetivo del operativo fue garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las leyes que regulan el transporte público. Este tipo de acciones se han vuelto más frecuentes en los últimos meses, especialmente en zonas con alta concentración de tráfico, como la provincia La Altagracia.
La provincia La Altagracia, conocida por su importante actividad turística, es una zona donde se concentra gran parte del tráfico de pasajeros en la República Dominicana. Friusa, en particular, es una de las localidades más transitadas debido a su ubicación estratégica entre Punta Cana y Bávar, lo que la convierte en un punto clave para el movimiento de personas. Esta dinámica ha generado un incremento en la demanda de transporte público, lo que ha llevado a una mayor presencia de operadores en la zona. Sin embargo, la falta de regulación efectiva ha permitido la entrada de operadores que no siempre cumplen con los estándares mínimos de seguridad.
El caso de los autobuses retenidos ha generado un debate sobre la regulación del sector transporte en el país. Muchos ciudadanos han señalado que la presencia de operadores extranjeros en el sector no siempre se ajusta a los estándares de seguridad y calidad que se exigen. Aunque algunos de estos operadores cumplen con las normas, otros han sido cuestionados por no tener la infraestructura adecuada o por no cumplir con los requisitos de capacitación y mantenimiento de los vehículos. Este fenómeno ha sido observado en otras zonas del país, lo que ha llevado a llamados a una mayor supervisión por parte de las autoridades.
La Dirección General de Transporte Terrestre ha reiterado que su labor es garantizar que los operadores cumplan con las leyes vigentes y que los pasajeros viajen en condiciones seguras. En este sentido, el operativo en Friusa fue parte de una serie de acciones que se han venido realizando en diferentes puntos del país para asegurar el cumplimiento de las normas. Las autoridades han indicado que seguirán realizando inspecciones periódicas para detectar cualquier irregularidad. Los autobuses retenidos serán sometidos a una inspección más detallada para determinar si cumplen con los requisitos legales. En caso de no cumplir, se tomarán las medidas correspondientes, que pueden incluir la suspensión de la autorización para operar o incluso la remoción de los vehículos del circuito.
