El Instituto Nacional de Transporte (Intrant) retuvo varios autobuses que operaban en la zona de Friusa, Bávaro, tras detectar violaciones a disposiciones legales establecidas en la Ley 63-17. La medida, anunciada en un comunicado oficial, se enmarca en la lucha contra la irregularidad en el sector del transporte público, especialmente en áreas turísticas donde la demanda de servicios es alta y la regulación se ve desbordada.
Según el comunicado del Intrant, los autobuses que fueron intervenidos eran operados por personas de nacionalidad haitiana que no poseían los permisos necesarios para ejercer la actividad. Esta situación ha sido recurrente en la región, donde la falta de documentación y la ausencia de supervisión efectiva han permitido que operadores no autorizados ofrezcan servicios de transporte, a menudo a precios más bajos que los establecidos por la normativa.
El Intrant detalló que las intervenciones se realizaron por incumplimiento de los artículos 44, 74, 321 y 323 de la Ley 63-17. Estos artículos establecen requisitos mínimos para la operación de vehículos de transporte público, incluyendo la obtención de licencias, el cumplimiento de normas de seguridad y la obligatoriedad de contar con personal capacitado. La falta de cumplimiento de estas disposiciones ha sido un factor clave en la decisión de intervenir los vehículos.
La operación de autobuses sin autorización no solo viola la normativa, sino que también representa un riesgo para la seguridad de los pasajeros. En la región de Bávaro, donde la infraestructura vial y los servicios de transporte están en constante crecimiento, la presencia de operadores no registrados puede generar situaciones de peligro, especialmente en carreteras concurridas o en zonas de difícil acceso. Además, la falta de control sobre los vehículos puede facilitar la circulación de personas sin identificación, lo que complica la gestión de la seguridad pública.
El Intrant ha anunciado que, tras la intervención, se iniciará un proceso de verificación de los vehículos afectados, con el fin de determinar si pueden ser reintegrados al sistema de transporte bajo condiciones de cumplimiento de las normas. Asimismo, se ha comprometido a intensificar las inspecciones en las zonas de alta movilidad, especialmente en los puntos de entrada y salida de los municipios turísticos. Esta acción busca prevenir futuras irregularidades y garantizar que los servicios de transporte sean ofrecidos por operadores autorizados.
La presencia de haitianos indocumentados en la República Dominicana ha sido un tema recurrente en los últimos años, especialmente en zonas como Bávaro, donde la economía informal y la falta de empleo han generado una migración significativa. Muchos de estos migrantes buscan oportunidades laborales en el sector turístico, donde la demanda de personal es alta. Sin embargo, la falta de documentación les impide acceder a ciertos empleos, lo que los lleva a operar en sectores no regulados, como el transporte público.
La regulación del transporte público en la República Dominicana enfrenta múltiples desafíos, entre ellos la falta de recursos humanos y técnicos para supervisar la totalidad de los operadores. Además, la expansión de la infraestructura turística ha generado una demanda de servicios que, en muchos casos, no se ha acompañado de una regulación adecuada. Esto ha permitido que operadores no autorizados se aprovechen de la situación para ofrecer servicios a bajo costo, a menudo sin cumplir con las normas de seguridad y calidad.
La intervención de los autobuses operados por haitianos indocumentados podría tener un impacto en la economía local, especialmente en la región de Bávaro, donde el transporte público es una parte esencial del ecosistema turístico. Si los operadores no autorizados son reemplazados por empresas registradas, podría haber un incremento en los costos de los servicios, lo que podría afectar la competitividad de la zona. Sin embargo, también se espera que la regulación mejore la calidad de los servicios y garantice una operación más segura y sostenible.
