Acusación contra Maduro y Flores incluye patrones de tortura documentados por la ONU
La Fiscalía estadounidense presentó una acusación contra el ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, acusándolos de participar en patrones de tortura, desaparición forzada y represión contra la disidencia. Estos patrones coinciden con los documentados por la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas desde 2014, según informó CNN. El documento de 35 páginas detalla cómo Maduro habría tenido una participación directa en decisiones relacionadas con detenciones, interrogatorios y tortura.
La ONU, en su informe de 2020, señaló que había “motivos razonables” para creer que el entonces presidente y otros altos funcionarios no solo tenían conocimiento de los crímenes, sino que contribuyeron con ellos mediante la coordinación de actividades y el suministro de recursos. La misión de la ONU comenzó a trabajar en 2019, pero su trabajo abarca la documentación de casos desde el primer semestre de 2014, cuando ocurrieron las primeras grandes manifestaciones contra Maduro, que un año antes había sustituido al fallecido Hugo Chávez en la presidencia del país sudamericano.
Los primeros hallazgos detallados del equipo de la ONU fueron publicados en 2020. Según la acusación de la Fiscalía, la pareja gobernó sobre un sistema que se asentó en la violencia contra la oposición política, las detenciones arbitrarias y la tortura de detenidos, entre ellos ciudadanos de Estados Unidos. La acusación describe que los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela sufrieron descargas eléctricas, asfixia, golpizas, secuestro, aislamiento prolongado en caldas de castigo y tortura psicológica, así como amenazas de hacerle daño o matar a sus familiares incluidos niños.
Según la investigación de la ONU, estos métodos de tortura también han sido utilizados para obtener confesiones forzadas que incriminaran a otras personas. Las denuncias de tres estadounidenses ofrecen una mirada perturbadora al interior del aparato represivo del gobierno venezolano. Uno de ellos, identificado como “víctima 7”, fue detenido en enero de 2022 cuando ingresaba a Venezuela. Pasó ocho meses y medio en prisión y, según la acusación, le negaron la alimentación y le inyectaron una sustancia que le causó convulsiones.
Un segundo estadounidense, a quien llamaron “víctima 8”, dijo que, tras ser detenido en agosto de 2023, cuando viajaba a Venezuela para visitar a familiares, funcionarios de la inteligencia militar del país sudamericano lo atacaron hasta provocarle una lesión grave en la espalda que requirió hospitalización. Posteriormente fue trasladado en una ambulancia hasta la sede de esa organización con un arma en la boca y le aplicaron descargas eléctricas, según dice la acusación.
Un tercer caso, “víctima 9”, fue detenido en 2025 y golpeado durante 48 horas en un sótano policial. La Fiscalía sostiene que estos métodos de tortura se usaron para obtener confesiones forzadas que incriminaran a otras personas. Aunque el gobierno venezolano no ha reaccionado aún a las nuevas acusaciones, Maduro se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas durante su comparecencia del 5 de enero.