Dos dominicanos condenados en Estados Unidos por disparar contra agente de Aduanas
La Justicia de Estados Unidos condenó a dos ciudadanos dominicanos, Miguel Francisco Mora Núñez y Christhian Aybar Berroa, por su participación en un tiroteo contra un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Manhattan. El caso, que tuvo lugar el 19 de julio de 2025, se resolvió en un tribunal federal de Nueva York, donde ambos fueron sentenciados a penas de prisión por su involucración en el incidente.
Según el informe judicial, el incidente ocurrió en el Parque Fort Washington, ubicado en Manhattan, alrededor de las 11:50 de la noche. Miguel Francisco Mora Núñez, de 22 años, disparó contra un agente de la CBP que se encontraba fuera de servicio. La bala impactó al funcionario en la cara y el brazo derecho, lo que provocó heridas graves. El agente respondió al fuego, hiriendo a Mora Núñez dos veces antes de que este lograra escapar en una motocicleta conducida por Christhian Aybar Berroa, de 23 años.
Según documentos judiciales, Aybar Berroa no solo fue el conductor de la motocicleta que permitió la huida de Mora Núñez, sino que también intentó eliminar la ropa ensangrentada que llevaba durante el tiroteo. Además, se le atribuye haber comentado a un familiar de Mora Núñez que debían deshacerse de la ropa ensangrentada de Aybar Berroa, lo que sugiere un plan para ocultar pruebas del incidente.
Los dos hombres se declararon culpables ante la jueza federal Loretta A. Preska, quien dictó las sentencias. Miguel Francisco Mora Núñez fue condenado a 180 meses de prisión, lo que equivale a 15 años de cárcel. Christhian Aybar Berroa recibió una sentencia de 151 meses, es decir, 12 años y 7 meses. Ambos también fueron condenados a tres años de libertad condicional supervisada, lo que significa que tras cumplir su pena de prisión, deberán cumplir un periodo de supervisión bajo el control de las autoridades federales.
Además de las penas de prisión, ambos hombres enfrentaron cargos relacionados con la entrada ilegal a los Estados Unidos. Según el informe, Mora Núñez y Aybar Berroa entraron al país de forma irregular y estaban sujetos a órdenes de expulsión. Estos factores influyeron en la determinación de las sentencias, ya que se consideró que sus actos no solo violaron la ley federal, sino que también representaron un riesgo para la seguridad pública.
El caso refleja la complejidad de los delitos relacionados con la seguridad fronteriza y la violencia contra agentes de la ley. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es una de las instituciones más importantes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encargada de la protección de las fronteras y la seguridad nacional. El ataque contra un agente de esta institución, incluso si estaba fuera de servicio, fue considerado un acto grave que amenazó la integridad de la fuerza policial.
El juez federal Loretta A. Preska, quien dictó las sentencias, destacó en su declaración la gravedad del incidente y la necesidad de castigar los actos que ponen en peligro la seguridad pública. En declaraciones anteriores, Preska ha sido conocida por su enfoque firme en casos de violencia y delitos graves, lo que refleja la importancia que se le da a este tipo de delitos en el sistema judicial estadounidense.
El caso ha generado reacciones en la comunidad dominicana en Estados Unidos, donde se ha expresado preocupación por la situación de los inmigrantes y la posible discriminación en el sistema judicial. Sin embargo, las autoridades han insistido en que las sentencias se basaron únicamente en los hechos delictivos y en la gravedad de los actos cometidos, sin considerar factores de origen étnico o nacionalidad.
En cuanto a las consecuencias legales, ambos condenados enfrentarán un proceso de supervisión durante los tres años de libertad condicional, durante el cual se les exigirá cumplir con ciertas condiciones, como el asistencia a programas de rehabilitación y la no comisión de nuevos delitos. Además, se espera que se realicen evaluaciones periódicas para determinar si se les permite reintegrarse a la sociedad bajo condiciones controladas.