EE.UU. propone tarifa de $70,000 para estudiantes internacionales que quieran trabajar
El gobierno estadounidense propuso una tarifa de $70,000 para estudiantes internacionales que deseen trabajar en el país, como parte de sus esfuerzos para reforzar las restricciones migratorias. La medida afectaría al programa OPT, que permite a los graduados obtener experiencia laboral en campos STEM.
La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exige que las universidades paguen una tarifa por cada estudiante que participe en el programa de capacitación práctica opcional, conocido como OPT. Cada universidad tendría que pagar $70,000 por la solicitud inicial de cada nuevo estudiante al programa, y otros $30,000 por cada renovación.
Los estudiantes son elegibles para un año de trabajo después de graduarse, aunque ciertas especialidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son elegibles para dos años adicionales. La medida busca responder al fraude y al abuso del programa de visas, al que califica como una ‘vía de acceso para mano de obra extranjera barata’. El público tiene 60 días para comentar sobre la propuesta antes de que el departamento pueda finalizarla y ponerla en vigor.
Las universidades estadounidenses reclutan intensamente a estudiantes del extranjero como fuente de ingresos por matrícula. Las empresas tecnológicas y otras industrias también contratan a muchos estudiantes internacionales para puestos técnicos. El programa OPT permite que los estudiantes internacionales adquieran experiencia práctica y cubran la escasez de mano de obra en campos STEM de alta demanda.
La propuesta también podría enfrentar impugnaciones legales de grupos de educación superior o asociaciones empresariales, lo que podría retrasarla. El gobierno del presidente Donald Trump ha estado presionando a los estudiantes internacionales de muchas maneras como parte de sus esfuerzos más amplios por endurecer las medidas migratorias y reconfigurar la educación superior.
El año pasado, el gobierno republicano comenzó a cancelar de forma repentina el estatus legal de miles de estudiantes internacionales, deteniendo y deportando a muchos de ellos. Este verano, el gobierno finalizó una norma que buscaba impedir que los estudiantes internacionales permanecieran en Estados Unidos por más de cuatro años sin la aprobación del gobierno federal. La medida provocó una rápida reacción de líderes de la educación superior, quienes dijeron que aumentaría la carga para las escuelas y señalaron que muchos programas, por diseño, duran más de cuatro años.
Un tribunal federal impidió que la norma entrara en vigor en septiembre. Doug Rand, exasesor principal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) durante el gobierno de Joe Biden, predijo que la tarifa sería anulada en los tribunales, como ocurrió con una tarifa de $100,000 para las visas de trabajo H-1B de las que muchas empresas tecnológicas y universidades dependen para cubrir vacantes de empleos calificados.
Las instituciones educativas alertan sobre disminución en matrícula. Sarah Spreitzer, vicepresidenta del American Council on Education, informó que la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades del país ha caído. El otoño pasado, el número de nuevos estudiantes que ingresaron a Estados Unidos por primera vez cayó un 17%, la disminución más pronunciada desde la pandemia de COVID-19. Aún no se conocen las cifras generales para este otoño, pero Spreitzer dijo que algunas universidades individuales están reportando caídas de 30% a 40%. Declaró que el nuevo plan de Trump no ayudará.
Un programa similar que permitía a los estudiantes internacionales participar en pasantías y prácticas también ha enfrentado escrutinio del gobierno de Trump. Una nueva guía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que indica que el programa, Capacitación Práctica Curricular u OPT, solo debe autorizarse cuando la experiencia laboral sea un requisito del título, dio lugar a una demanda el lunes.
Grupos educativos, incluidos la Association of American Universities y NAFSA, dijeron que en el pasado ese programa se permitía si estaba ‘directamente relacionado con el área principal de estudio del estudiante’. Los grupos también dijeron que ICE estaba amenazando a funcionarios universitarios con un proceso penal si no cumplían.
Steven Brown, un abogado de inmigración radicado en Houston, indicó que el gobierno ha estado tratando de obstaculizar la inmigración legal basada en el empleo por numerosos medios. ‘Creo que este es el siguiente nivel de ataque, y creo que es un diseño para matar el programa sin matar el programa. No veo a demasiadas escuelas queriendo pagar $70,000 para que un estudiante obtenga OPT’, añadió.