México construirá nueva cárcel en Sinaloa tras enfrentamientos que dejaron 12 muertos
México anunció la construcción de una nueva cárcel en Sinaloa, estado del noroeste del país afectado por la violencia del narcotráfico, tras dos enfrentamientos en el penal de Mazatlán que dejaron 12 muertos, entre ellos un niño de dos años, y 16 heridos. El anuncio fue hecho por la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, quien explicó que el proyecto se financiará con fondos federales y forma parte de los esfuerzos conjuntos con la presidenta Claudia Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad para reforzar el sistema penitenciario estatal.
La nueva cárcel se construirá en Culiacán, capital del estado, donde ya se estudian terrenos, aunque aún no se ha definido el presupuesto ni la fecha de inicio de las obras. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, destacó que el nuevo inmueble será moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y reducir la violencia en el estado.
El anuncio llegó tras dos enfrentamientos violentos en el penal El Castillo, en Mazatlán, donde el jueves fallecieron nueve reclusos y un niño que acudía a una visita familiar, mientras que otros 16 internos resultaron heridos. Durante el primer enfrentamiento se utilizaron armas de fuego, según las autoridades, que desplegaron fuerzas estatales y federales para recuperar el control del recinto. La Fiscalía investiga el origen de la violencia y cómo ingresaron las armas a la cárcel.
Los episodios no son aislados, ya que en el penal El Castillo también se registraron otros incidentes mortales, como la muerte de dos internos el 24 de septiembre y siete presos asesinados en Aguaruto, en Culiacán, en mayo de este año. Un diagnóstico de 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos calificó a El Castillo con una puntuación de 5,25 sobre 10, señalando insuficiencia de custodios, actividades ilícitas y carencias en la prevención de incidentes violentos.
La violencia en las cárceles de Sinaloa se ha convertido en un problema crónico, con múltiples incidentes que han cobrado vidas de presos y visitantes. La Fiscalía estatal ha señalado que la falta de control y la presencia de armas en los centros penitenciarios son factores clave en la escalada de los conflictos.
Sinaloa afronta desde septiembre de 2024 una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa, intensificada tras la captura en Estados Unidos de Ismael “el Mayo” Zambada, en julio de 2024. Esta rivalidad ha generado un clima de inestabilidad en la región, con enfrentamientos que no solo afectan a las autoridades, sino también a la población civil.
La presencia del narcotráfico en el estado ha exacerbado la violencia en las cárceles, donde los reclusos suelen ser miembros de organizaciones criminales que mantienen su estructura de poder incluso tras la detención. Esta situación ha llevado a que los centros penitenciarios se conviertan en escenarios de conflicto armado, con consecuencias trágicas para los internos y los empleados.
La decisión de construir una nueva cárcel en Culiacán forma parte de un plan más amplio para mejorar el sistema penitenciario estatal. La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, destacó que el proyecto refleja el compromiso de ambos gobiernos, federal y estatal, de trabajar juntos para garantizar la seguridad, la justicia y la paz en Sinaloa.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, señaló que el nuevo inmueble será un símbolo de la colaboración entre las autoridades federales y estatales para combatir la violencia en el estado. Sin embargo, el reto sigue siendo enorme, ya que la construcción de una cárcel no resolverá por sí sola los problemas estructurales que afectan a los centros penitenciarios.
La falta de recursos, la insuficiente capacitación de personal y la presencia de armas ilegales en las cárceles son factores que requieren una solución integral. Aunque el anuncio de la nueva cárcel representa un avance, la verdadera transformación dependerá de la implementación efectiva de medidas que aborden las causas profundas de la violencia en los centros penitenciarios.